Esa decisión es trascendental para que en Canarias las políticas activas de empleo funcionen en red. Y en la defensa de esa Ley de la que me tocó la responsabilidad de ser ponente por parte de Coalición Canaria quedaron al descubierto muchas contradicciones.
Traté de hacerlas llegar a todos los diputados y ahora me gustaría hacerlas llegar al resto de ciudadanos que pudieran estar interesados:
"Las contradicciones del Psoe en Canarias en materia de empleo.
Sobre el Preámbulo de la Ley:
Respecto del paro el PSC ( Partido Socialista Canario ) ha mantenido una posición a lo largo de los años que llevamos de crisis económica en la que lo relevante ha sido no la búsqueda de soluciones, sino la utilización de ese problema con fines espurios donde lo único que parece haberle preocupado ha sido la critica por la critica, sin aportar soluciones, sin aportar medidas y, en todo caso, haciendo recaer exclusivamente sobre el Gobierno de Canarias la responsabilidad de un problema que hunde sus raíces en una crisis económico-financiera global sobre cuyas causas y efectos no parece necesario insisti ahora.
En esa línea, lo que preocupa al PSC cuando se plantea la modificación de la Ley del SCE ( Servicio Canario de Empleo ) no es el debate acerca del modelo de gestión del mismo que se pretende implantar; un modelo novedoso en el que pasan a integrarse en un Sistema un conjunto de recursos, tanto públicos como privados, que en coordinación con el SCE, pasan a ser los ejecutores y gestores de las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias; unos recursos que pasan de ser meros perceptores de subvenciones a desarrollar un papel activo en la política de empleo, con lo que ello comporta para el fortalecimiento del SCE y el favorecimiento de la colaboración público-privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo, afianzando el papel de los órganos de concertación y participación del SCE como punto de encuentro de todos los actores del mercado de trabajo y de impulso de la política de empleo.
Esos son los objetivos que impulsaron el proyecto de Ley sobre el que hoy se debate y cuya tramitación arranca en esta Cámara el pasado mes de febrero DE 2010 y que esperamos se apruebe hoy, y podemos señalar con cierto orgullo que esos mismos objetivos son los que ahora inspiran al Real Decreto-ley de reforma de las políticas activas de empleo que aprobará el próximo viernes el Consejo de ministros. Será buena cosa que cuando se publique el citado real Decreto-ley más de uno de quienes hoy se sientan en esta Cámara comparen el mismo con el texto del Proyecto de Ley que hoy se somete a aprobación y así observarán los muchos puntos de coincidencia entre uno y otro ¿casualidad?
No, sino sencillamente que cuando los problemas se afrontan con criterio y responsabilidad se llega a conclusiones similares; una similitud de planteamientos entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias acerca de cómo afrontar la reforma de los servicios públicos de empleo que la cortedad de miras de algunos le impide ver; y podemos decir más aún: esa reforma del Servicio Estatal de Empleo ha encontrado también un amplio respaldo por el Partido Popular en la respectiva Conferencia Sectorial.
Pero mientras el mundo de mueve, aquí tenemos a un PSC anclado en el pasado y la confrontación estéril, y al que parece que lo único que interesa es colar de roldón en el preámbulo de la Ley una declaración acerca de la supuesta ineficiencia de la gestión del SCE y de si el número de desempleados ha crecido tanto o cuanto. Lo que no nos dice ese grupo parlamentario es que de enero de 2008 a enero de 2011 el desempleo ha tenido una tasa de variación de 73; tasa que para el conjunto de España ha sido de 87, y en el conjunto de España quien gobierna es el PSOE; un PSOE que tanto tiempo ha estado anclado frente a la crisis económica en una cómoda posición de entender que la respuesta que tenía que dar a los ciudadanos era que éstos supieran que iban a tener una prestación por desempleo, pero que poco se ha preocupado durante años de crisis en que esos ciudadanos supieran que encontrarían un puesto de trabajo donde desarrollar su preparación.
Dicho de otro modo: durante años el gobierno de Rodríguez Zapatero ha tomado como eje las políticas pasivas de empleo, en las que, como es sabido, el protagonismo lo tiene el Estado a través del gasto público; y sólo cuando el recurso al gasto público le ha fallado ha concedido ese gobierno el protagonismo a las políticas activas de empleo, en las que son los agentes sociales los actores para obtener el puesto de trabajo, limitándose el Estado a reformar el marco jurídico para que ello sea posible, sin olvidar el mantener una renta de sustitución que no desincentive la búsqueda de trabajo.
Y el tiempo, como siempre sucede, da y quita razón: tras haber acudido el Servicio Canario de Empleo a la concesión de subvenciones a los empleadores por importes equivalentes a las cuotas patronales de la Seguridad Social, nos encontramos ahora con que el próximo viernes el Consejo de ministros aprobará un Plan de choque para combatir el desempleo de jóvenes y de personas en paro de laga duración, cuya primera medida una reducción de las cuotas patronales a la Seguridad Social.
Y si quieren ustedes enfrentarse a más contradicciones de lo que han dicho a lo largo de la presente legislatura en esta Cámara quizás convenga señalar que en ese plan de choque se impulsan las contrataciones a tiempo parcial ¿recuerdan cuándo en Cámara se censuró al SCE por promover las contrataciones a tiempo parcial en los convenios con las corporaciones locales?
¿más?
El Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsa actualmente la vinculación de las políticas pasivas y las políticas activas de empleo; cuando desde el SCE se hizo ese planteamiento desde el PSC sólo dijeron que con ello estabamos insultando a los parados.
Y podríamos seguir poniendo muchos ejemplos de sus contradicciones: de lo que ustedes han dicho durante estos cuatro años sobre el empleo y como sus posiciones han sido desmontadas por sus compañeros de partido en el Ministerio, demostrando que desde ese Ministerio se enfrenta el problema del desempleo, mientras que ustedes se han limitado a utilizarlo con fines electoralistas, demostrando que los desempleados les importan bien poco.
Por tanto, no vamos a entrar en su juego de distraer la atención del contenido de lo que es una reforma sustancial del SCE incorporando en su texto lo que no es sino la constatación de un dato –el del paro registrado- que nada tiene que ver con el contenido de la Ley, pues el modelo organizativo del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias sirve para la gestión de las políticas de empleo al margen de la situación de los datos de desempleados; sin embargo, ese dato sí que es relevante para la reforma de las políticas activas de empleo, materia que, como hemos dicho y queda demostrado con el Real Decreto-ley que aprobará el Consejo de ministros el próximo viernes, sí que es competencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero y tarea en la que ha tardado más de cuatro años en ponerse a la tarea.
Respecto de la enmienda número 9, debería, en primer lugar, decidirse el grupo proponente por una denominación, pues tanto habla del “Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias”, como del “Sistema Canario de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias” como del “SEC de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
En segundo lugar, en esta enmienda alega como justificación que se pretende introducir en el Proyecto de Ley “una diferencia entre entidades cooperadoras y entidades colaboradoras que no guarda relación con la norma básica”, pero lo cierto es que en la propia enmienda se regula la condición de “centros colaboradores”, categoría que, efectivamente, no está prevista en la norma básica; es decir, se utiliza un argumento para justificar la enmienda al Proyecto de Ley que, al mismo tiempo, es utilizado en el propio contenido de la enmienda; y más adelante se expresa en la enmienda que “en la práctica lo que se pretende es burlar las competencias del Consejo General de Empleo a la hora de la fijación de requisitos que deben reunir los centros colaboradores para el cumplimiento de los fines encomendados” pero lo cierto es que el Proyecto de Ley declara expresamente que “corresponde al Consejero competente en materia de empleo, oído el Consejo General de Empleo, aprobar los criterios de acreditación, los requisitos, las condiciones y el procedimiento para la inclusión y la exclusión de las entidades cooperadoras y colaboradoras en la red del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias” ¿dónde está la burla? Más bien parece que en la proposición de una enmienda que emplea un fundamento que choca de plano con lo que es la propia literalidad del Proyecto enmendado.
En tercer lugar, se pretende introducir una regulación de la cooperación en el ámbito de las competencias de intermediación laboral que no se sabe qué se pretende con ella pues se dice “el SCE garantizará que el proceso específico de selección y casación entre oferta de trabajo y demanda de empleo, correspondiendo, con carácter general, al SCE y los centros o entidades colaboradoras autorizadas a tal fin”, y es imposible extraer de ese texto qué es lo que pretende el grupo enmendante que se garantice, y tampoco es posible saber qué es lo que corresponda al SCE y los centros o entidades colaboradoras; y lo lamentable es que lo que sí se entiende –“reconociendo una especial cualificación a las organizaciones empresariales, sindicales y las instituciones si ánimo de lucro creadas por éstas”- entra en contradicción con e contenido del Real Decreto 1786/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.
Vayamos con otra de contradicciones:
Durante la tramitación del PLey de reforma de la Ley del SCE Gloria Gutiérrez se cansó de proclamar que el único objetivo era transformar el rango del Director del Servicio en Viceconsejero.
Lo cierto es que el Director sigue teniendo rango de Director General; sin embargo, en la reciente remodelación del Ministerio de Trabajo, y en un escenario de reducción de cargos en la Administración del Estado, la contradicción y arbitrariedad de nuevo la cometen ustedes, esta vez en Madrid, donde la Secretaria General de Empleo ha pasado a un rango superior: a Secretario de Estado de Empleo. Pero aquí se pide lo contrario. Lamentable.
En cualquier caso la Ley fue aprobada. Hoy se aprueba algo muy similar en el Consejo de Ministros. Aunque parezca que no, en esta cuestión tan importante, Canarias va por delante, quizás porque nuestra situación más extrema y dramática cercana al 30% nos obliga a ello. Ojalá sirva esta ley de verdad para el objetivo final: acabar con esta terrible lacra y problema verdaderamente grave de nuestra sociedad, el desempleo.
